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Publicado: 30.10.2016 08:51 |Actualizado: 30.10.2016 08:51
El “silenciado” genocidio de Córdoba capital
Cien personas fusiladas a diario en una matanza indiscriminada. La represión en Córdoba capital nunca ha sido asumida por sus administraciones locales. Los grupos memorialistas reactivan la exhumación en las fosas de la capital con 4.000 víctimas, 1689 sin identificar.

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Grupo de campesinos de Fernán Núñez (Córdoba) esperando su fusilamiento.

Grupo de campesinos de Fernán Núñez (Córdoba) esperando su fusilamiento.

MARÍA SERRANO VELÁZQUEZ

SEVILLA.- El investigador Francisco Moreno Gómez lleva más de media vida documentando “el genocidio” que se desató en Córdoba capital y provincia. Casi 4.000 víctimas desde el 18 de julio de 1936 y 11.500 fusilados en los pueblos divididos entre el frente republicano y el golpista. Cuarenta y ocho de los setenta y cinco municipios cordobeses amanecieron aquel verano en manos del futuro régimen militar. El resto intentaba crear una fuerte resistencia.

“Había días que se fusilaba en Córdoba tres o cuatro horas sin parar. Cien personas cada noche” aclara Moreno a Público. “Empezaban a las tres de la mañana y los siguientes morían en el charco de sangre de los anteriores. Llegaba la mañana y a veces tenían que continuar ante los ojos atónitos de los vecinos”.
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Una matanza sin miramientos

Sin ningún tipo de escrúpulos tampoco se puede olvidar, si se habla de la represión cordobesa, del alto número de mujeres asesinadas a sangre fría. “Iban al cementerio de La Salud y San Rafael y allí los tiraban a todos en una fosa. Una carnicería espantosa que no es lo único significativo, ya que aquellas muertes estaban programadas dentro de un plan de crimen organizado. Una trama que obedece a una selección y eliminación sistemática del enemigo”, señala este historiador quien insiste en “definir aquellos días como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad”. Los grupos de derechas prepararon con alevosía el terrible golpe con campañas que no dejaban indiferente a las clases populares.

Gómez recuerda el triste caso de la periodista francesa Renée Laffont, corresponsal aquellos días de guerra y atrapada en la frontera del frente republicano en Alcolea. “Iba para a hacer un reportaje que estaba cerca de la vieja prisión en la ciudad de Córdoba. El conductor y sus acompañantes no se dieron cuenta y entraron en zona nacional. La bajaron del coche y fue juzgada por un tribunal militar”. El vehículo, en el que iban, sería requisado por Ciriano Cascajo, gobernador militar de la provincia. El 1 de septiembre de 1936 Renée sería trasladada desde la cárcel a la zona del cementerio. Tenía 58 años “Cuando se dio cuenta del camino decidió saltar del camión y correr pero fue abatida inmediatamente”. En el Registro Civil la muerte de Lafont, fechada dos meses más tarde, documenta su fallecimiento a causa de una “anemia aguda por hemorragia consecutiva por heridas recibidas”. Aunque realmente “la periodista murió cosida a balazos”, afirma Moreno con rotundidad.
Grupo de jóvenes y mujeres de Montilla, rapadas.

Grupo de jóvenes y mujeres de Montilla, rapadas.
Cárcel y mortandad

Tras los primeros meses de represión, llegó a Córdoba el hacinamiento en las cárceles. La antigua prisión de la capital se situaba en el Alcázar Viejo. “El profesor Arizala fue uno de los que mejor me describió el duro ambiente de aquella prisión explicándome que cada día cambiaba de color. Un día era azul porque había tenido lugar una redada de ferroviarios, otros amarillo por el grupo de carteros, que mataron muchos en Córdoba ya que el alcalde, Manuel Sánchez-Badajoz era del gremio”. Panaderos, Hosteleros, Albañiles. Así fueron limpiando poco a poco la capital.

Joaquín Sama Naharro, médico cordobés narraría a Moreno las duras condiciones de insalubridad en los centros. “No había médicos en las cárceles y solo atendían presos sanitarios como Joaquín, quien recordaba los parpados hinchados de aquellos hombres, una debilidad carencial de vitaminas. Al día siguiente, tras su muerte, los cuerpos estaban amontonados en los pasillos” con un olor insoportable.
1689 víctimas sin identificar

El durísimo relato histórico deja evidencias claras de lo ocurrido aunque a día de hoy las administraciones locales, principalmente el ayuntamiento de Córdoba, no haya removido ni un trozo de aquella tierra para desenterrar los huesos. La mayoría de las víctimas en la ciudad no tienen, ochenta años después de la masacre, nombre en la fosa del cementerio de La Salud y San Rafael. Solo existe un listado que corresponde a 2.311 víctimas. Los conocidos “Muros de la Memoria” de estos cementerios han sido declarados, de forma simbólica, lugares de memoria en Andalucía sin llevarse a cabo más acciones al respecto como dar voz a los descendentes que reclaman su atención.
Familiares “vencidos” por la justicia
Ana Ricarda Cobacho Cañete.

Ana Ricarda Cobacho Cañete.

Entre todo ellos, hay algunos nietos destacados como el del diputado socialista Luis Dorado Luque que se han dejado la piel en la búsqueda de alguna reparación. Antonio Gutiérrez, nieto del diputado socialista Luis Dorado Luque fue uno de los pocos que removió sin descanso todos los trámites necesarios intentado cumplir justicia y reparación ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Gutiérrez espera integrarse en la nueva asociación memorialista que quiere reactivar la lucha por la recuperación de la memoria en Córdoba capital. Pero ese camino ya lo hizo hace demasiado tiempo. Incuso llegó a dejarlo por imposible. Tras una lucha titánica con la justicia española, decidió llegar a los tribunales internacionales. El día 3 de abril de 2012 se hizo pública la decisión negativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En aquella resolución, el TEDH decidió “no admitir a trámite la demanda registrada el 1 de junio de 2009, en relación con la desaparición forzada de Luis Dorado Luque, cuyo paradero se desconoce desde que fuera detenido por integrantes de un destacamento militar franquista en julio de 1936”. Antonio no pudo soportar la dura consternación de aquella noticia. No pudo continuar con una batalla tan dolorosa como era tan solo pedir dignidad por la memoria de su abuelo.

Florentina Rodríguez, como miembro de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, se sumaría a la causa del Juez Baltasar Garzón para aclarar el caso de su abuela. En aquellos días de 2008, relataría sobre la historia de Ricarda Ana Cobacho Cañete, quien residía en la aldea de Jauja, cerca de la población de Lucena, en la provincia de Córdoba. “Era una mujer culta que ejercía en un pequeño establecimiento, dedicando sus momentos libres a la enseñanza, como maestra particular”. Como una de las más de miles desaparecidas en la causa de Garzón su caso fue sobreseído en el Tribunal Supremo. Seis años después, guarda pocas esperanzas de recuperar el proceso, aunque la reactivación de una lucha conjunta por parte de los grupos memorialistas en Córdoba le podría aportar un punto de esperanza. “Ha sido demasiado sufrimiento emocional por la dejadez de las propias administraciones. Hasta el Ayuntamiento no ha sido capaz ni de contestar a nuestras peticiones”, aclara.
Exhumación en las fosas de la Salud y San Rafael

El pasado 11 de junio, en la sede provincial de Comisiones Obreras de Córdoba, colectivos memorialistas (plataforma por la Comisión de la Verdad, UGT, CCOO, el Foro por la Memoria, el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica, entre otras) decidieron iniciar el proceso de petición formal al Ayuntamiento de Córdoba para la reactivación de la exhumación de las fosas de la capital. Entre las peticiones hechas al consistorio se encuentra una fundamental y es la de “asumir el deber democrático que tienen como parte del Estado para reparar la memoria de las víctimas”. Y piden, la exhumación de los restos de los familiares que lo soliciten en las fosas de Córdoba capital como un primer paso, además de la creación de un banco de ADN. Los familiares exigen, también en el escrito, la retirada de los símbolos presentes por la dictadura y la señalización de la vieja cárcel de Córdoba.

Las actuaciones han contado con el asesoramiento del abogado memorialista Eduardo Ranz, quien ha destacado a Público la necesidad de “iniciar procedimientos administrativos para que las autoridades contesten en menos de tres meses”. Este derecho a petición podría tener más validez para las administraciones que el escrito continuado de las víctimas.

Hasta el momento, Florentina destaca la necesidad de que los familiares vayan sumándose a la causa. “Muchos de ellos son de edad avanzada pero debemos de intentar sumar a todos los descendientes posibles para que se intente hacer algo, de una vez, en esta ciudad”.
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