Caso Púnica

Granados seguirá en prisión porque sigue ocultando "una gran cantidad de dinero" a la Justicia

El
juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de prorrogar su
estancia en prisión preventiva por un máximo de dos años más.

Francisco Granados en una imágen de archivo.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acaba de acordar
que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco
Granados, siga en prisión por un máximo de dos años más, hasta cumplir
los 4 años de prisión preventiva máxima permitida por ley. La principal
razón de que el exnúmero 3 de Esperanza Aguirre no pueda salir de la
cárcel desde que ingresó en octubre de 2014 es que sigue ocultando una
"gran cantidad de dinero" a la Justicia.

En su auto, el juez
concluye que el que fuera alcalde de Valdemoro y secretario general del
PP en Madrid, además de los fondos en metálico localizados en Suiza al
entorno de Granados, así como sus bienes incautados y efectivo en
metálico, 1 millón de euros encontrados ocultos en el interior de un
armario de casa de sus suegros, sigue disponiendo "de una manera oculta
de una gran cantidad todavía elevada de dinero que esta investigación
todavía no ha sido capaz de decomisarle que haría que, en caso de ser
puesto en libertad, le permitiría fácilmente sustraerse a la acción de
la justicia".

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Para tomar esta decisión el juez ha tenido en cuenta también la no
colaboración con la investigación y de " apoyo ideologizado" por parte
de determinadas personas que incluso han destruido pruebas ( documentos
quemados o triturados en el ayuntamiento de Valdemoro) una situación que
podría todavía aumentarse con Granados en libertad, con una presión mas
directa y presencial por parte del investigado.

Su cargo en la Comunidad, un “acicate”

En
la resolución, Velasco se retrotrae a la época en la que Granados era
alcalde de Valdemoro (Madrid), donde utilizó su cargo para intermediar
en las adjudicaciones a su amigo David Marjaliza, quien le compensaría
con comisiones a cambio. Según constata el instructor, en 2003, tras la
celebración de nuevas elecciones municipales, pasó a ocupar el cargo de
consejero en la Comunidad de Madrid, “lo que lejos de ser un
contratiempo” para la continuación de las irregularidades en Valdemoro,
“pudo suponer un acicate, dado que la continuidad política estaba
asegurada en el municipio de Valdemoro (a través de su sucesor José
Miguel Moreno, también investigado en la causa).

Según el criterio
del juez, desde la Administración regional, dirigida por Esperanza
Aguirre, Granados podía influir en la aprobación definitiva de un plan
general urbanístico que había dejado pendiente en Valdemoro. Según las
mismas fuentes utilizadas por Velasco, se habría reservado para sí
determinadas contraprestaciones en forma de comisiones y participaciones
societarias en el entramado empresarial beneficiado, “donde habría
situado a personas de su confianza”.

Asimismo “se han hallado
evidencias sólidas de que Granados recibió contraprestaciones en forma
de bienes inmuebles, automóviles, artículos de lujo, etc. de estos y
otros empresarios por maniobras que dependían de sus decisiones”, como
por ejemplo una vivienda, un vehículos, viajes en yate o vacaciones
pagadas.

Arpegio, la continuación

Según narra el
instructor, tras su entrada en el Gobierno de la Comunidad de Madrid,
Granados pasó a tomar el control de entidades como la empresa pública
Mintra, Arpegio y la Fundación Arpegio. “En el ejercicio de estos
cometidos existen indicios de que dirigió su actuación al objeto de
beneficiar, además de los propios, los intereses empresariales de
personas de su entorno personal de confianza” como David Marjaliza
-socio suyo-, el yerno del constructor Villar Mir, Javier López Madrid
-investigado en esta causa en la pieza sobre la presunta financiación
ilegal del PP madrileño- o el empresario José Luis Huerta.

Su
propósito era, según el juez, obtener un “rédito económico de las
adjudicaciones y/o subvenciones vinculadas con dichas entidades,
llegando a hacer un uso patrimonial de dichas administraciones, llegando
su esposa a enviar cestas de Navidad a amistades y conocidos, a cargo
de la Fundación Arpegio”.

Velasco ha constatado, además,
relaciones de negocio con empresarios que han sido adjudicatarios de
contratos públicos dependientes de ámbitos de la Administración
controlados por él, parte de cuyo dinero cobrado en efectivo –cerca de
un millón de euros- se halló en el curso de un registro en el altillo de
un dormitorio en casa de sus suegros.

En algunos casos habría
incluso colocado a terceras personas o entidades sociales para ocultar
su participación. Así habría tenido relación de negocio con Alejandro de
Pedro -especialista en reputación 'on line'- en materia de
asesoramiento político en Sudamérica o habría tenido participación en la
empresa Bustren junto al exdirector general de Infraestructuras de
Madrid Jesús Trabada y López Madrid.

La financiación del PP

Otra
de las razones por las que Granados no está en disposición de quedar en
libertad es por la pieza en la que Velasco investiga la presunta
financiación irregular del PP madrileño y que se encuentra bajo secreto
de sumario. En calidad de secretario regional del PP en Madrid, el
magistrado sostiene que Granados fue “participe y conocedor” del cobro
de comisiones entregadas por distintas empresas, “existiendo evidencias
de que retuvo parte del dinero recibido para sí o para terceros”.

En
el contexto de las campañas electorales, habría sido además quién
habría introducido a Alejandro de Pedro -investigado en la trama- en el
PP regional, “quien desde ese momento pasó a realizar servicios de
reputación personal a distintos cargos regionales y miembros del partido
que lo retribuyeron enmascarándolo con innecesarios e irregulares
contratos públicos”.